EL CASO ARANA SIGUE INCONCLUSO

La campaña emprendida hace unas semanas por Evolución Nacional, encaminada a pedir que se investigue a los funcionarios públicos relacionados con actos delictivos, se constituye en un aporte para la sociedad colombiana dentro de las investigaciones que se están adelantando en el caso de la muerte del ex–alcalde de El Roble, Sucre.

Desde que se reabrió el tema de El Roble, los medios de comunicación no han parado de reseñar y recordarle al país la escalofriante declaración del ex-alcalde Eudaldo León Díaz en el consejo comunitario de Corozal, Sucre en 2003. Hace unos días Noticias Uno[1] mostro las declaraciones de Jairo Castillo Peralta, alias “pitirri”, quien ha sido el testigo principal de la parapolítica. Según “pitirri” es necesario investigar a otros funcionarios públicos de la Fiscalía General y de la Procuraduría que tuvieron que ver con los cierres en las investigaciones a varios funcionados vinculados con paramilitares y con la muerte del ex–alcalde. De igual manera, el columnista de El Tiempo[2] Daniel Samper Pizano, habló de la pobre y tardía reacción del gobierno nacional frente a las contundentes denuncias del ex –alcalde.

Sin embargo, si bien los medios de comunicación han generado un gran revuelo nacional, siguen faltando piezas sueltas en el rompecabezas que aun no se han utilizado. Estamos hablando, de los funcionarios que fueron nombrados por el ex alcalde de El Roble, Tito Díaz, en su confesión de muerte: Tatiana Moreno Procuradora Regional de Sucre y Carlos Arturo Gómez Pavajeau vice procurador general de la nación.

No podemos desconocer los tardíos avances de la justicia colombiana, donde se condenó a Salvador Arana a 40 años de cárcel por su participación intelectual en los hechos. Igual condena recibió Ángel Miguel Berrocal Doria, alias “El Gocha” quien según las autoridades fue el autor material de la muerte de Tito Díaz. Pero creemos que lo más lógico y conveniente, es que se logre investigar el grado de participación y responsabilidad de los funcionarios de la procuraduría en este hecho.

La denuncia del ex–alcalde merece que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, pues existe la necesidad en el país de conocer la verdad y a los responsables. Por ello, desde varios sectores sociales, se ha venido exigiendo lo que Evolución Nacional ha pedido incansablemente: abrir investigación contra aquellos funcionarios que fueron nombrados por el ex alcalde el día que le dijo al presidente Uribe que a él lo iban a matar.
No descansaremos hasta exigir, las veces que sean necesarias, se investigue la responsabilidad de Tatiana Moreno y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, pues es absolutamente sospechoso que todos los denunciados por Tito Díaz, hayan sido investigados y/o juzgados, menos estos dos personajes.

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[1] http://www.noticiasuno.com/noticias/testigo-de-la-parapoltica-pide-investigar-a-luis-camilo-osorio.html
[2] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/danielsamperpizano/el-increible-caso-arana_6794807-

EL PRIMER PASO DE LA JUSTICIA…PERO FALTAN OTROS RESPONSABLES.

El pronunciamiento de la justicia colombiana de condenar a 40 años de cárcel al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, por estar implicado en el asesinato del alcalde de El Roble, Tito Díaz en 2003, es un buen comienzo para establecer condenas ejemplares en contra de los responsables de tan horrible crimen.

Sin embargo, pese a este gran avance, siguen retumbando en la memoria colectiva de Colombia, las palabras del ex alcalde, denunciando públicamente una alianza macabra para asesinarlo. En su confesión de muerte, la cual tiene un valor total y cierto, el alcalde señaló a los directos responsables de las acciones en su contra, especialmente de algunos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.
“La familia de 'Tito' Díaz, por su parte, celebró la condena, pero señaló que hay otros ex funcionarios y ex servidores públicos que han sido señalados por el caso. Se refieren al coronel Norman Arango, ex jefe de la Policía Sucre; y a dos ex procuradores regionales que fueron señalados por el alcalde asesinado”[1]

Debemos recordar que en las declaraciones del alcalde se implica a Tatiana Moreno Procuradora Regional de Sucre y Carlos Arturo Gómez Pavajeau vice-procurador general de la nación. ¿Qué ha hecho la justicia para investigar a estos funcionarios? ¿Por qué Carlos Arturo Gómez Pavajeau siendo ex-viceprocurador general, no ha sido investigado ni condenado? ¿Por qué sí se ha investigado, detenido y condenado a todos los políticos que el alcalde asesinado mencionó, menos a estos personajes de la procuraduría?

Otro punto que nos genera sospecha en el manejo que se le dio a todo este enredo, es la actuación de la Procuraduría General de la Nación a favor de ciertos personajes investigados. ¿Por qué al político más sindicado de masacres y nexos con autodefensas en Sucre, el ex senador Álvaro García, era el jefe de la campaña de reelección del entonces procurador general Edgardo Maya Villazon?, ¿Por qué además, pese a las denuncia e indicios de delitos en Sucre, Maya Villazon nunca le abrió investigación disciplinaria al ex senador? Estas sospechas pueden ser importantes para que se adelanten las investigaciones pertinentes sobre los delitos que se han cometido en Sucre.

Por ello, queridos colombianos, como ya lo habíamos mencionado, es importante exigir a las autoridades competentes se investigue el papel de los funcionarios de la procuraduría en este hecho. De igual forma, Evolución Nacional, reitera al país su compromiso de denunciar públicamente a todos aquellos servidores públicos, que infrinjan la ley y cometan delitos tan graves, sobre la base de pruebas reales. Los invitamos para que nos apoyen en nuestra campaña nacional en contra de los criminales de cuello blanco. No descansaremos hasta que la justicia colombiana emprenda acciones efectivas en contra de todos los funcionarios infractores de la ley.

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[1] Diario El Tiempo. 2009. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/corte-ordeno-nueva-investigacion-a-ex-gobernador-salvador-arana-por-crimenes-de-paras-en-sucre_6735627-1

LOS CRIMINALES DE CUELLO BLANCO

El país recuerda con horror las declaraciones del ex alcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo León Díaz, cuando en un Consejo Comunitario en Corozal, le pidió públicamente al presidente Álvaro Uribe que lo protegieran porque lo iban a matar; pese a esta advertencia explicita, el alcalde fue asesinado semanas después de su denuncia, sin que hayan culpables ni condenados.

Solo hasta hoy (Ver Artículos EL TIEMPO y SEMANA)[1], 6 años después de los hechos, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Salvador Arana y le abrió investigación por su presunta participación en el asesinato del alcalde de León Díaz en mayo de 2003. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia estudia la posibilidad de investigar al ex gobernador por delitos de lesa humanidad relacionados con los mismos hechos.

La justicia colombiana estaba en mora de tomar acciones concretas contra este sujeto, pues la cantidad de pruebas y denuncias en su contra merecían acciones pertinentes de las autoridades. Sin embargo, vale la pena cuestionarse ¿Por qué hasta ahora se tomaron estas medidas?, ¿Por qué los organismos de control no hicieron nada en esa fecha? Por otra parte, resulta casi inevitable pensar, que la serie de injusticias y delitos cometidos por el ex gobernador Arana, debieron contar con el apoyo de varias autoridades del orden departamental y nacional, que permitieron que sus delitos quedaran impunes.

Por ello, la investigación contra Arana nos conduce a desentrañar una maraña siniestra que se tejía sobre el departamento de Sucre y que contaba con la participación de otros personajes. El alcalde Díaz mencionó, en su confesión de moribundo, una “alianza macabra” entre políticos influyentes y funcionarios de la Procuraduría Regional y Nacional, que atentarían en ultimas contra su vida. Eric Morris ex gobernador de Sucre, Salvador Arana gobernador en ese entonces, Tatiana Moreno Procuradora Regional de Sucre y Carlos Arturo Gómez Pavajeau vice procurador general de la nación, fueron textualmente citados por el asesinado alcalde.

Resulta sospechoso que mientras a los demás implicados por las declaraciones del alcalde se les detuvo, al señor Gómez Pavajeau nadie lo ha investigado, pese a haber sido mencionado como integrante de la macabra alianza. Además no deja de sorprender que el alcalde de un municipio alejado como El Roble, conociera las actividades de un funcionario desconocido para la gran mayoría del país.

Colombianos, el departamento de Sucre y toda la nación han sufrido varias décadas por las acciones delictivas de sus funcionarios criminales. Llegó la hora de desenmascarar la verdad y condenar a los culpables. La impunidad no puede ser permitida y por ello, EVOLUCIÓN NACIONAL emprende una campaña para descubrir las injusticias de estos funcionarios.
Esperamos contar con la participación de todos los colombianos que quieran desenmascarar a los servidores de la patria que estén involucrados en delitos. Debemos hacer denuncias sobre hechos y pruebas concretas y no sobre falsas acusaciones, pues el éxito de esta campaña nacional depende de su transparencia y verdad.
Espere más información en próximos días sobre la vida delictiva de otro macabro personaje: el ex procurador Edgardo Maya Villazón.

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[1]
ELTIEMPO.http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PLANTILLA_PRINTER_FRIENDL-6643387.html
REVISTA SEMANA. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98288

TRAFICANTES DEL DOLOR HUMANO

Gran alegría sentimos todos los colombianos y en especial las familias de los 9 uniformados, al ver las pruebas de supervivencia de estos miembros de la fuerza pública, secuestrados vilmente por los terroristas de las FARC. Sin embargo, la alegría de saber que están vivos, contrasta con un profundo dolor al ver las condiciones infames de encadenamientos y humillaciones, que han padecido por largos años.

Increíblemente, en todo este drama, hay personas que buscan obtener beneficios a costa del padecimiento y el sufrimiento de los secuestrados. Sí señores, Hablamos de la vocera de las FARC, Piedad Córdoba, quien con engaños y marrullerías, ha utilizado el secuestro como estrategia política, convirtiéndose en una traficante del dolor de las víctimas, con el único fin de sacar provecho electoral.

Es tan desagradable e insensible el actuar de Córdoba, que tuvo el descaro de convertir la entrega de pruebas de supervivencia en un show propagandístico, donde vale más la figuración en los medios de comunicación que el sufrimiento de las familias afectadas.
¿No es más humanitario entregar las pruebas en privado, que programar una rueda de prensa para que se vea el llanto de las víctimas? ¿Qué hay detrás de la entregar pruebas en estos momentos de coyuntura política y electoral para el país? ¿Por qué no entregan todas las pruebas de una vez? ¿Por qué se hacen las entregas gota a gota alargando el dolor de las familias? ¿Por qué es tan importante la presencia de Piedad Córdoba en la entrega de pruebas?

Estos interrogantes apuntan a una sola dirección. Todo hace parte de una estrategia para consolidar un movimiento político sustentado la estrecha relación existente entre los denominados por Raúl Lombana como “Colombianos y Colombianas por las FARC”, el Polo Democrático, la propia guerrilla y el chavismo, para establecer en nuestro país el Socialismo del Siglo XXI.

¿Ustedes se imaginan un país gobernado bajo la doctrina del socialismo chavista, con Piedad Córdoba como presidenta, Alfonso Cano como Canciller, Jojoy de Ministro de Defensa y Petro y Dussan en el de Justicia?
Es por esto colombianos, que no podemos tolerar más engaños ni manipulaciones frente al secuestro. La única salida es la unión de todos para exigir la liberación incondicional de todos los secuestrados, sin el show propagandístico de Piedad Córdoba quien ve en los secuestrados, una mercancía y un caudal electoral. Debemos unirnos y rechazar todo proyecto político que apoye a los terroristas de las FARC y al Chavismo.

Recordemos que aceptar el intercambio humanitario es una medida nociva para la solución de un conflicto, pues se convierte en un círculo vicioso, en donde la Fuerza Pública realiza capturas, las FARC siguen secuestrando y, cuando los terroristas se ven diezmados, exigen un “intercambio humanitario” con la presencia de Piedad Córdoba.

EL VIEJO TRUCO

El juicio contra el Coronel Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia, ya parece una historia novelesca llena de incongruencias, arbitrariedades y ficciones, donde se dejan ver los trucos sucios y malintencionados de los malos contra los buenos.
Al mirar detenidamente el proceso, se evidencia la injusticia contra el Coronel Plazas, quien a pesar de luchar por demostrar su inocencia, sigue siendo víctima de guerrilleros -disfrazados de jueces y altos funcionarios- que buscan acabar con la institucionalidad y la democracia colombiana.

La historia empieza así: todos en la sala de audiencia escucharon la orden de María Stella Jara, ordenando el traslado del Coronel Plazas a la Cárcel la Picota de Bogotá, porque según la juez, era el mejor mecanismo para evitar que el Coronel siguiera “evadiendo la justicia”. Ese día no valieron las pruebas contundentes del Coronel; no importó que el testigo se retractara; tampoco intereso el estado de salud de Plazas. Solo importo los intereses oscuros de los mamertos, representados por la “ilustre” María Stella Jara y el abogado Molano del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Siguiendo el guion de la historia, era de esperarse que luego de esta decisión injusta, la Juez utilizara el viejo truco de denunciar presuntas amenazas y presiones mostrándose como una víctima, siendo ella la única responsable de desviar el proceso. Esta es una cortina de humo típica de aquellos mamertos, que tiran la piedra y esconden la mano. Primero hacen fechorías, afectan procesos, desvían la verdad y luego salen a decir que los están amenazando, que los están persiguiendo, para buscar salir del país a vivir como reyes bajo la protección del Estado. ¿Quién puede decir que estas amenazas son ciertas?

Ya sabemos y conocemos que esta es una de las estrategias utilizadas por los mamertos y pro-terroristas de las FARC, para llamar la atención de los Organismos Internacionales, medios de comunicación y de esta forma, generar más presión para que se condene injustamente al investigado.

Colombianos, este viejo truco ya está muy trillado. No podemos seguir creyendo estas patrañas y mentiras de aquellos que dicen representar la justicia. Ahora sí, la juez Jara se desenmascaro y dejó ver que es una de las mamertas infiltradas en la justicia colombiana, que utiliza el viejo truco de los funcionarios pro-farc, que abundan en los organismos de control.